CASOSAISLADOS

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exdiputado del PSC y líder de la trama Pretoria, Luis Andrés García, Luigi, así como a otros cinco años y ocho meses al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz por corrupción urbanística en municipios catalanes entre los años 2002 y 2009.

La sentencia del caso Pretoria condena a un total de once personas, entre ellas el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Maciá Alavedra, ambos de CiU, que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y han sido sentenciados a casi 2 años de cárcel cada uno y multas de 5,8 y 3,2 millones de euros, respectivamente.

Este caso gira en torno a operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, que fueron manipuladas por los acusados para embolsarse millones de euros, bien directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

La sentencia de la sección segunda, con Concepción Espejel como ponente, les condena por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La pena más alta ha recaído en Luigi, para quien la Fiscalía pedía 13 años de cárcel y que también deberá pagar la mayor multa, de 14,1 millones de euros. Le sigue Muñoz (5 años y 8 meses), el considerado número dos de Luigi, Manuel Valera (2 años y 3 meses), el empresario Josep Singlá (1 año y 10 meses) y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco, quien no ha sido condenado a prisión, sino a 8 años y medio de inhabilitación.

Además de Prenafeta y Alavedra, también llegaron a un acuerdo otros cuatro acusados: la esposa de Prenafeta, María Lluísa Mas, y los testaferros de Alavedra Philip Mc Mahan y Gloria Torres, condenados los tres a 6 meses de cárcel; y el empresario Manuel Carrillo, sentenciado a 5 meses y 29 días sustituibles por multa.

La resolución acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas -Pallaresa, Niesma y Badalona- que ascendieron a un total de 5.886.925 euros.

Igualmente dicta el comiso de las dádivas recibidas por Muñoz, de 1.144.724,55 euros, y de las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra -3.243.103 euros- y por Prenafeta -5.193.170 euros-. A todos los acusados los jueces les aplican la atenuante de dilaciones indebidas, ya que han transcurrido 8 años y 8 meses desde que se produjo la operación Pretoria hasta la sentencia.

La resolución relata cómo entre los años 2002 y 2009 los condenados participaron en operaciones urbanísticas en las tres localidades barcelonesas que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, lo que les propoció importantes beneficios y comisiones.

Los sentenciados, dice, ingresaron estas ganancias "en sus patrimonios, o bien directamente o bien canalizadas a través de intermediarios, testaferros o sociedades administradas o controladas de hecho por los mismos".

Describe el papel de Luigi, quien, como diputado del PSC entre 1980 y 1988, mantuvo relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como "conseguidor", "facilitador" o "intermediario". "Luigi", afirma la sentencia, ideó o lideró esas operaciones, una de ellas la operación Pallaresa en Santa Coloma, donde su amistad con el alcalde le permitió dirigir de hecho las adjudicaciones públicas.

Así, por indicación del alcalde, "Luigi" despachaba de modo habitual "con los técnicos municipales, obtenía información directa sobre el estado de los expedientes y orientaba el sentido de los informes para que fueran favorables a las decisiones pretendidas, fundamentalmente en los relativos a modificaciones urbanísticas".

En San Andrés, Luigi influyó sobre el concejal de Urbanismo para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la llamada operación Niesma, mientras que en Badalona ejerció su influencia sobre el consejero de la sociedad pública Marina Badalona.

Lo hizo en este último caso, relata la sentencia, para que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa.

Según el tribunal, para conseguir estas ganancias ilegales los condenados "burlaron los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo".

Adoptaron, abunda, "decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas" y desplegaron así "una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares".

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